Países como Reino Unido han optado por sistemas muy alejados del modelo español: a partir del 2 de abril será necesario para viajar a este país una «autorización electrónica de viaje» que sólo será exigible a viajeros extranjeros
Para el sector hotelero de la Comunitat Valenciana los problemas con el nuevo sistema de registro de viajeros ‘inventado’ por el Ministerio del Interior les hace estar en ‘limbo’ tanto tecnológico como jurídico que puede complicar muy mucho el inicio de la temporada turística.
España es el único país de Europa en el que se realiza un registro obligatorio de todos los clientes alojados en establecimientos de alojamiento turístico (una de las herramientas de la lucha antiterrorista) pero en el año 2021 el Ministerio del Interior publicó «con nocturnidad y sorpresa» un nuevo sistema que complicaba mucho este procedimiento para los hoteles, haciéndolo extensivo también a agencias de viaje y adelantando el registro al momento de la reserva y no a la entrada en el establecimiento. Este nuevo sistema incorpora además datos tan sensibles como parentesco, datos de transacciones económicas, domicilios, teléfonos o correos electrónicos que pueden vulnerar la protección de datos de carácter personal.
El nuevo sistema no ha dejado de dar problemas y quebraderos de cabeza al sector hotelero desde su puesta en funcionamento: una plataforma tecnológica que no funciona y no se ajusta a los requimientos legales, unos datos que muchas veces son imposibles de recabar, una responsabilidad inasumible porque la norma hace responsables a los establecimientos de la veracidad de los datos recabados, y unos mensajes de carácter coercitivo que reciben los hoteles y que les amenazan con cuantiosas sanciones.
Detalle de los problemas detectados
La entrada en vigor del Real Decreto 933/2021 el pasado 2 de diciembre de 2024, ha afectado a la operativa de transmisión de información sobre los huéspedes de alojamientos turísticos hacia las autoridades con importantes problemas
Para cumplir con los requisitos técnicos de la nueva plataforma y recoger la información obligatoria, las empresas de alojamiento han invertido recursos en formación, implantación de nuevos procedimientos y adaptación de sus sistemas informáticos, significando todo ello un importante gasto económico y volumen de inversión.
Este proceso de adaptación ha sido especialmente difícil por varios motivos ajenos a los alojamientos: la plataforma no funcionaba correctamente hasta pocos días antes de la entrada en vigor del decreto; la misma plataforma se colapsó el mismo 2 de diciembre; y después de su entrada en vigor se han ido realizando modificaciones imprevistas que han supuesto la necesidad de seguir invirtiendo en adaptar los sistemas informáticos.
A pesar de lo anterior, los alojamientos turísticos han seguido trabajando para poder cumplir con su obligación de transmisión de información de los huéspedes, ya fuera de forma automatizada o manual. Sin embargo, todavía persisten importantes problemas relacionados con la aplicación de esta normativa que dificultan o, según el caso, imposibilitan llevar a cabo estas comunicaciones y que desarrollamos a continuación:
Orden ministerial pendiente
Tres meses después de la entrada en vigor del Real Decreto, todavía no se ha publicado la Orden Ministerial que desarrolle su aplicación y que, según se indicó en las últimas prórrogas, debía publicarse antes del 2 de diciembre.
Esta situación genera una gran incertidumbre ya que las empresas desconocen si la normativa va a volver a verse modificada en el corto plazo.
Modificación de campos obligatorios
El 20 de diciembre se realizó una comunicación por parte del Ministerio de Interior indicando una modificación en los datos requeridos por SES.HOSPEDAJES. Esta información está publicada a día de hoy en la página web oficial del Ministerio. Sin embargo, la plataforma no refleja estos cambios a nivel operativo y siguen siendo obligatorios otros campos como, por ejemplo, la dirección habitual del turista.
En este sentido, es especialmente relevante el caso de los turistas internacionales que provienen de fuera de la Unión Europea, ya que el documento de identificación más utilizado es el pasaporte y en este no se indica ninguna dirección de la persona física. Pero, como comentado anteriormente, la plataforma sigue exigiendo este campo para poder realizar la comunicación correctamente.
Esta práctica supone frustración tanto para los trabajadores de los establecimientos, que deben dedicar tiempo y esfuerzos a esta tarea que supuestamente no es obligatoria, como a los turistas que no entienden el motivo por el que el Ministerio solicita su dirección habitual, práctica que no se da en ningún otro país europeo.
Comunicación de las reservas
La comunicación de información que antes se realizaba en las 24 horas posteriores a la llegada del turista, ahora se ha duplicado innecesariamente, siendo obligatoria también la comunicación en el momento de la reserva, lo que duplica el tiempo dedicado al envío de información a las autoridades, afectando directamente a la operativa de los hoteles.
Esta nueva obligación es, en muchos casos, imposible de cumplir puesto que las reservas realizadas a través de algunas agencias, turoperadoras o bancos de camas no incluyen la información de los huéspedes (nombre y apellidos) en el momento de la reserva, y esto se recoge a la llegada de los turistas al establecimiento. Al tratarse de un campo obligatorio, en estos supuestos los alojamientos están enviando información de la mercantil que realiza la reserva para poder así realizar la comunicación.
A pesar de la buena fe mostrada por los alojamientos, se han recibido avisos por parte del equipo de SES.HOSPEDAJES indicando que esta práctica representa una infracción de la normativa y esta sujeta a potenciales sanciones.
Responsabilidad de la veracidad de la información
El Real Decreto 933/2021 especifica que la responsabilidad de asegurar la veracidad de la información recae en los sujetos obligados, en este caso, los alojamientos turísticos, lo que supondría una tarea de verificación de la información que en ocasiones puede ser imposible de llevar a cabo (parentesco de menores de 14 años, datos de contactos, residencia habitual…).
En la página web del Ministerio esto ha cambiado y se indica que la responsabilidad recae sobre los usuarios de los servicios, sin embargo, se hace necesario reflejar este cambio en una modificación del Real Decreto o en la Orden Ministerial prometida para una mayor seguridad jurídica de las empresas.
Conclusión
«El sector sigue sin encontrar sentido ni utilidad a la implementación del nuevo sistema de registro de viajeros» ha indicado el presidente de HOSBEC y todo ello, a pesar de los esfuerzos realizados por las empresas para cumplir con la normativa pero viendo que las deficiencias en el desarrollo e implementación de la plataforma han generado importantes dificultades operativas.
«Es fundamental que las autoridades tomen medidas urgentes para corregir estas problemáticas», ha exigido Fede Fuster que mantiene que «que esta obligación se limite a la comunicación solo en el registro de clientes y con los datos que aparecen en los documentos de identificación (Dnis y pasaportes), sin más obligación para las empresas hoteleras y de alojamiento turístico».
Desde el sector temen mucho la llegada de la temporada alta, con llegadas masivas de turistas y viajeros que pueden colapsar los departamentos de recepción y afectar a la calidad del servicio prestado, además del riesgo de responsabilidad y posibles sanciones.
Modelo británico
Otros países como Reino Unido han optado por sistemas muy alejados del modelo español: a partir del 2 de abril será necesario para viajar a este país una «autorización electrónica de viaje» que sólo será exigible a viajeros extranjeros, que ellos mismos tramitarán a través de la web del Foreing Office o de la app, con una duración de 2 años.
Mientras, en España, «cada vez que un viajero se aloja en un establecimiento hay que realizar un farragoso, inoperante y absurdo sistema de registro» ha indicado Fede Fuster, presidente de HOSBEC, mientras que en Europa se trabaja en el nuevo modelo de identidad digital que permitirá a todos los ciudadanos de la UE acceder a servicios tanto públicos como privados en el próximo año sin más trámites.
